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El Gobierno avanzará en medidas para fortalecer los consorcios de riego

Se realizó una reunión gestionada por el Departamento Provincial de Aguas, de la que participaron funcionarios de Gobierno y representantes de Consorcios de Riego de Segundo Grado.

Fecha: 24 de enero de 2014
En la oportunidad se decidió buscar medidas y consensos necesarios para asegurar el sostenimiento del sistema de riego del Alto Valle.
En este marco, el ministro de Gobierno Luis Di Giacomo; el superintendente general del DPA, Juan Luis Gardes  y el ingeniero Alfredo Palmieri recibieron a los representantes de los consorcios de Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, General Roca y Villa Regina.
Los consorcistas plantearon las principales dificultades que hoy atraviesa al sector, entre ellas el bajo índice de cobrabilidad que ronda el 50%, situación que repercute en el mantenimiento básico del sistema. Analizaron también las ocupaciones y usurpaciones sobre las banquinas de los canales de riego que impiden la realización de los trabajos de limpieza de los mismos.
En cuanto al control del vertido de residuos urbanos a la red del sistema de riego, al mantenimiento de los desagües pluviales y a los controles sobre loteos que se han realizado o se autorizarán a futuro sin el correspondiente desempadronamiento, serán los temas que comprometerán a los municipios para abordar acciones en conjunto.
A sabiendas que la producción es el motor de la región y que el agua es un recurso fundamental que asegura la actividad, el Gobierno Provincial está dispuesto a trabajar en la única dirección garantista del sistema de riego.
Los funcionarios del Gobierno Provincial se comprometieron a elaborar medidas que contribuyan a aumentar la recaudación  ya que el bajo índice de cobrabilidad repercute en la calidad del servicio de riego.
Este bajo índice obedece a tres razones. La primera, algunos pequeños productores en crisis están imposibilitados de pagar el canon de riego. La segunda, existe un importante porcentaje de chacras abandonadas y, tercera, se evidencia falta de voluntad de pago de productores que están en condiciones de hacerlo. Para quienes estén comprendidos en los dos últimos puntos, el Gobierno analiza la aplicación de sanciones porque observa intereses especulativos y falta de solidaridad social y productiva, siendo la parte del sistema que perjudica al conjunto de los productores.
 

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