Se hizo la denuncia penal por ocupación ilegal y sin fundamento de la Dirección de Tierras

Arrogándose ser representantes de una comunidad mapuche, exigieron al director de Tierras, Enrique Álvarez Costa, que ordene el desalojo de inmueble fiscal rural ubicado en inmediaciones de la villa balnearia Bahía Creek, que ocupa un permisionario reconocido por el organismo desde hace más de 20 años.

El funcionario explicó a los ocupantes los requisitos y pasos administrativos a cumplirse para poder determinar la viabilidad de lo requerido, pero igualmente decidieron seguir con la medida de fuerza.

La cartera gubernamental condenó a la vez la amenaza de esas personas de que “ocuparán por la fuerza” el inmueble del que piden el desalojo si no tienen una respuesta en este sentido por parte de la Dirección de Tierras.

Álvarez Costa recordó que ya el año pasado esas personas hicieron un requerimiento similar y luego de un relevamiento y otras acciones como una audiencia conciliatoria se constató que esa demanda de desalojo no involucra sólo un predio en particular sino que “recae sobre más de una decena de campos, tanto fiscales como privados”.

Por otra parte, el grupo demandante no tiene la correspondiente personería jurídica ni la aprobación como comunidad indígena en los términos del relevamiento de la Ley Nacional 26160, lo que los inhabilita para reconocerles la demanda de tierras basado en argumentos de supuestas ocupaciones ancestrales.

Álvarez Costa informó además que “uno de los hoy reclamantes en el marco de este grupo que ocupó el organismo, se presentó meses atrás ante la Dirección en carácter de  integrante de otra comunidad al solicitar la expropiación de 10 hectáreas con costa de río”.

Agregó que otro sector de los demandantes “labró un acta en el año 2014 manifestando su no integración a comunidad indígena alguna” y hay “transferencias de derechos realizadas a título personal a espaldas de la administración que involucran a los hoy interesados, lo que viola tanto la ley de tierras fiscales como la legislación que resguarda los derechos indígenas”.

Finalmente, la cartera gubernamental expresó su preocupación porque esta medida de fuerza, a todas luces ilegal y sin ningún fundamento, impide el trabajo normal del organismo, cercenando los derechos de los usuarios que llegan a Viedma a realizar trámites.